En el largo (e intenso) pulso que mantienen las comunidades de vecinos y los dueños de pisos turísticos, las primeras acaban de lograr un espaldarazo crucial. El Tribunal Supremo acaba de avalar que llegará una mayoría de tres quintos para que una junta de propietarios pueda prohibir los alquileres a turistas.
Su decisión es importante por varias razones.
¿Qué ha pasado? Que el Tribunal Supremo acaba de tomar una decisión de calado para los pisos turísticos de España. Como ha revelado el propio organismo, el Pleno de la Sala Primera ha dictado dos sentencias en las que dictamina que las comunidades de propietarios pueden prohibir los alquileres turísticos. Necesitan, eso sí, un acuerdo adoptado en la junta por una mayoría de tres quintos.
La noticia es relevante por varias razones. La principal, porque es la primera vez que la Sala Primera del alto tribunal se pronuncia sobre cómo se debe interpretar (y aplicar) el cambio introducido en 2019 a la Ley de Arrendamientos Urbanos precisamente para «limitar o condicionar» los arrendamientos a turistas.
¿Qué significa eso? Lo que ha hecho el Supremo es establecer un criterio. Y zanjar futuras diferencias. Lo desliza el propio tribunal, que insiste en que sus dos sentencias «resuelven la controversia» que existían hasta ahora en las Audiencias Provinciales en un aspecto crucial, si el veto de las actividades turísticas tenía que adoptarse con unanimidad de la junta o llegaba una mayoría de tres quintos.
La postura del alto tribunal es clara. La prohibición debe estar avalado por una mayoría de tres quintos. El Supremo incluso va un paso más allá y argumenta que si se exigiese unanimidad y no una doble mayoría llegaría el voto en contra del propietario de un apartamento turístico para echar por tierra la medida.
¿Qué argumenta? Para cimentar su decisión, el Supremo ha recurrido a su propia jurisprudencia. Para ser más precisos, recuerda que ya ha emitido varias sentencias en 2018, 2023 y 2024 que avalan «la prohibición estatutaria» de dedicar una vivienda a alquiler turístico. También insiste en que «la prohibición del uso de elementos privativos en el régimen de propiedad horizontal es legítima y confirme con la Constitución». Por último recuerda que aunque el cambio de la ley de 2019 habla de «limitar o condicionar» los alquileres, eso no excluye «la prohibición».
¿Es una novedad? Sí. Y no. La decisión del Supremo es importante porque, como él mismo se encarga de recalar, es la primera vez que se pronuncia de forma clara sobre un tema que hasta ahora suscitaba «controversia» en los juzgados. Pero el criterio de los tres quintos no es del todo nuevo. En julio Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ya avanzó que el Gobierno estaba trabajando en una enmienda de la Ley de Propiedad Horizontal que apuntaba en esa misma dirección.
«Lo que queremos es que sea necesaria la autorización de los vecinos, con una mayoría de tres quintos para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de viviendas», explicó em una entrevista en RNE: el objetivo es «empoderar a los vecinos de los bloques donde se esté promoviendo su instalación».
¿Tantos pisos turísticos hay? Sí. Miles. Más de 351.300 a principios de año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero los apartamentos dedicados al alquiler vacacional no solo son relevantes por su número. A medida que han aumentado, con el trasvase de casas del alquiler tradicional al turístico, mucho más jugoso, han tensionado el mercado residencial de las ciudades. Y también han aumentado las quejas vecinales por este tipo de alquileres.
Ante esa tesitura, cada vez más ciudades de España han optado por adoptar medidas: desde aplicar moratorias a las licencias a plantearse su fin o directamente diseñar regulaciones estrictas que exigen, por ejemplo, que los apartamentos alquilados a turistas deban disponer de unos accesos independientes.
Imagen | Erwan Hesry (Unsplash) y Oleg Tsegelnyk (Unsplash)
