Perú amaneció este lunes como se acostó en la noche del domingo: condenado a repetir una historia de incertidumbre cada vez que el país va a las urnas para decidir su presidente, una dificultad que se ha reiterado especialmente en los últimos diez años.
El escrutinio oficial de las elecciones de segunda vuelta de este domingo confirmó una paridad notable y absoluta entre los dos candidatos: Keiko Fujimori, por la derecha conservadora, y Roberto Sánchez, un estatista dirigente de una coalición de izquierdas. Con casi la totalidad de las actas estructuradas, Sánchez reunía el 50,008% de los votos, frente a un 49,992% de Fujimori, según datos oficiales. La diferencia es de apenas 3.000 votos.
Son solo apenas décimas de diferencia que revelan una división por la mitad exacta del país, con un universo de voto en blanco que se indica menor de lo esperado. El informe oficial anunció que el resultado final «estará en los próximos 30 d{ías». Se calcula que hacia el 15 de julio.
Una muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, que se hizo sobre una parte de las actas en las mesas y que contó con el aval de los observadores internacionales de la elección, indicó ya en la noche del domingo una ligera diferencia de 50,3% para Sánchez contra 49,7% para Fujimori.
Otra proyección, en cambio, con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori, el 49,86%. “Esas diferencias, por lo mínimas, son irrelevantes para suponer un ganador”, indicaron los funcionarios electorales. Pero los resultados, según los analistas de opinión pública, no solo muestran la paridad, sino que sirven para detectar también los niveles de rechazo que envuelven a los dos dirigentes.
En la primera vuelta de abril quedó claro el efecto de la polarización que caracteriza al país. No solo por la participación de un récord de 35 candidatos, sino también por la demora en resolver el binomio para el balotaje: se requirieron 35 días hasta la conclusión. Se debió principalmente a la rigurosa revisión de actas impugnadas y, por primera vez en el país, a la transmisión pública de los procesos de recuento de votos para garantizar la transparencia antes de dar luz verde a la segunda vuelta, según el análisis del funcionariado.
Keiko Fujimori habla en la sede de su partido. Foto: Bloomberg Fujimori, mucho más que Sánchez, tiene experiencia personal en estas circunstancias complicadas de su país. De los tres balotajes que esta veterana política ha perdido en la década, todos demoraron en fijar el resultado, pero el que más lo hizo fue el de las Elecciones Generales de 2021.
La proclamación oficial del ganador, el maestro rural que se autodefinía de izquierda, Pedro Castillo —quien antes militó en la centroderecha de Alejandro Toledo—, demoró exactamente 43 días (6 semanas y 1 día). Aquel presidente, que fue derrocado tras un intento de autogolpe, es el referente político de Sánchez.
En los otros dos balotajes anteriores que también perdió Fujimori, en 2011 frente a Ollanta Humala, el resultado se confirmó 18 días después; mientras que con Pedro Pablo Kuczynski se tardó casi un mes: 23 días.
El académico Hernán Chaparro, de la Universidad de Lima y especialista en opinión pública, afirma a Clarín que “a nivel ciudadano, yo creo que la experiencia peruana de estar pasando por cuarta vez unas elecciones con resultados tan ajustados es como que cada quien tiene que ver este problema”.
Además, agregó que en la población predomina un sentimiento de desgaste, señalando que «la polarización no es ideológica, sino un entramado de desconfianzas mutuas que paraliza al electorado».
Sánchez, pese a la mínima diferencia del dato de Transparencia, pero debido a que ese cálculo se apoya en actas, se apuró a festejar una supuesta victoria con un discurso de casi una hora en un acto en Lima junto a sus seguidores.
Roberto Sanchez se apuró a festejar una supuesta victoria. Foto: APAllí prometió que “el poder regresará al pueblo” y afirmó que “estamos convencidos de que el único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre, la anemia y el olvido de nuestro pueblo».
También aludió a su rival al denunciar “el pacto mafioso de la clase política”, que es como se suele denominar a los acuerdos espurios que han destacado la actividad del Parlamento el último año y en el cual el partido Fuerza Popular, de la dirigente de derecha, tiene mayoría —aunque no absoluta— en ambas cámaras. «La criminalidad se ha unido a ese pacto para someter al pueblo», enfatizó el candidato de izquierda ante la multitud.
Fujimori reaccionó con otro mensaje frente a su hotel, en el que se la vio en calma y sonriente, afirmando: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador. A buena hora hay empate estadístico. Nadie puede decir ‘Ya gané, ya perdí'».
Tras reclamar un conteo al cien por ciento de las actas, la candidata derechista agregó que «lo que queda es un profundo respeto a la democracia, al sentido popular… un proceso transparente. Serán días largos”. Asimismo, remarcó la importancia de la fiscalización al advertir a sus bases que «debemos contar una a una las actas para defender la verdadera voluntad de los peruanos».
Al margen del resultado, para muchos el problema hacia adelante es una gran incertidumbre sobre la gobernabilidad. Cualquiera que gane se encontrará con un país dividido que necesitará una gran cintura para cuadrar las demandas e intereses de cada lado, que son en gran medida sociales.
El académico Chaparro es cauto, pero con dosis de optimismo: “El país está dividido, pero hasta cierto punto se abre la posibilidad de que el poder esté mejor delimitado en el Congreso con una fuerza de derecha, otra de centro y la de Sánchez de izquierda o centroizquierda… se verá si sobrevive como tal su coalición”.
El líder del «castillismo», como también se le llama aquí, confronta, sin embargo, circunstancias complicadas debido a que carece de una sólida estructura partidaria y del poder legislativo de su rival.
El dirigente propuso un programa de gobierno con una reforma de la Constitución y una ampliación significativa del poder del Estado sobre los recursos energéticos del país. Pero no tiene los votos en el Congreso para llevar adelante esas iniciativas, que deberá negociar con las otras fuerzas. Ya presentó antes de las elecciones una versión mucho más lavada de aquella plataforma, que abrió al capital privado con un guiño al empresariado y al centro político. Se verá si fue un gesto pragmático o una necesidad electoral.




