La presidenta interina de Venezuela reconoció este martes que «se hizo un uso abusivo» de la ley contra el odio, instrumento que justificó decenas de detenciones contra críticos al gobierno y que ahora será reformado en el marco del diálogo con la oposición.
En la última década decenas de dirigentes políticos, activistas, periodistas, manifestantes e incluso influencers fueron acusados de «instigación al odio» mediante este instrumento, que contempla penas de 10 a 20 años de prisión.
Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina desde enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, impulsó bajo presión de Washington una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos, muchos de ellos condenados por esta ley.
La ONG Foro Penal alerta que aún permanecen 324 presos políticos tras las rejas.
«Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley», confesó Rodríguez durante un encuentro con productores de café en el estado Portuguesa (oeste).
Sin embargo, dijo que cree «en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor, en el relacionamiento, que no se imponga el odio sino que podamos convivir».
Más temprano había pedido a la Asamblea Nacional reformar esta norma, como resultado del diálogo político auspiciado por Estados Unidos entre el gobierno y un sector de la oposición, representado por diputados electos en 2015.
Esta ley contra el odio «fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia», afirmó la delegación opositora en X tras el anuncio.
«Expresamos nuestra solidaridad con quienes fueron víctimas de su aplicación y con sus familias», agregó.
La ley fue impulsada por la propia Delcy Rodríguez en 2017 cuando presidió la Asamblea Constituyente, una instancia que rigió como un «suprapoder» que anuló al Parlamento de 2015, de mayoría opositora.
Tiene 25 artículos y prohíbe partidos políticos y organizaciones sociales que promuevan «el odio, la intolerancia y la guerra», así como mensajes en medios de comunicación y redes sociales con ese contenido.
Entre los castigos, contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia», así como la revocatoria de la concesión al «prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes» de ese tipo.
Si bien puede parecer un instrumento de protección, la sociedad civil y la oposición, así como organizaciones internacionales, denuncian que ha sido usado para perseguir a la disidencia política y restringir la libertad de expresión.
Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.
La reforma pedida ahora por Delcy Rodríguez busca «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en la ley, según explica una carta enviada por la presidenta a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez.
El Parlamento creó horas más tarde una comisión para trabajar en la reforma, mientras varias organizaciones exigen una derogación total de la ley.
El director de la ONG Provea, Oscar Murillo, planteó «la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos», informó en X.
La organización internacional Human Rights Watch recomendó semanas atrás que esta y otras normas sean derogadas, al término de una visita a Venezuela por primera vez en casi 20 años.
