El gobierno de Bolivia ordenó intervenir la empresa petrolera estatal YPFB, en medio de una grave crisis de abastecimiento de combustibles, según un decreto publicado en la gaceta oficial.
El documento, fechado el martes y difundido este miércoles, dispone la intervención «extraordinaria, transparente y temporal» de YPFB, con el objetivo de «proteger los intereses del Estado» y recuperar la «eficiencia de la gestión operativa y administrativa» de la compañía.
Según el anuncio del gobierno de centroderecha de Rodrigo Paz, la medida durará en principio 180 días, con la prioridad de restablecer la cadena logística y la distribución de combustible en medio de una grave escasez que se ha prolongado durante meses y ha provocado fuertes protestas.
El decreto difundido este miércoles especifica que, «de manera excepcional», el Ministro de Hidrocarburos y Energía, mediante Resolución Ministerial, podrá extender la duración de la intervención «si persisten las razones que la motivaron».
La intervención, subraya la medida, «no implica la eliminación de YPFB, ni la modificación de su naturaleza jurídica o estructura, según lo establecido por la normativa vigente».
La comisión encargada de supervisar la empresa estatal estará integrada por los ministros de Economía y Finanzas Públicas; de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; de Hidrocarburos y Energía; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; o sus representantes.
El suministro de combustible se ha convertido en el principal obstáculo de la gestión de Rodrigo Paz, que entró al poder en noviembre de 2025 con la promesa de darle solución a este problema que no sólo causa enorme malestar a los choferes sino que impulsa al alza los precios en general.
La semana pasada, una norma del Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta los 1,5 dólares por litro para evitar que se destinara al contrabando, que el gobierno señala como causa del desabastecimiento actual.
La medida fue rechazada por campesinos que emprendieron bloqueos de rutas en los departamentos de Beni (norte) y Santa Cruz (este), pese a que aún rige un estado de excepción que sirvió al gobierno para apagar la ola de protestas contra la crisis económica que paralizó el país entre mayo y junio.
Bolivia importa un 60% de la nafta y un 95% del diésel que consume, con un gasto semanal de unos 90 millones de dólares.
En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que gatilló la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
Agotó las reservas en divisas y terminó por complicar la continuidad de las importaciones de los mismos carburantes que se subsidiaban.
Pero pese a que anunció que eso terminaría con las largas filas de espera en las estaciones de servicio, donde a veces los conductores tenían que dormir en sus vehículos, el desabastecimiento no se solucionó.
