La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que excluye de participar en las elecciones a figuras de la oposición consideradas como “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.
La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León en la primera de dos legislaturas, es una de las últimas medidas aplicadas por la dictadura nicaragüense para alejar de las urnas a la disidencia.
La mención de los “traidores a la patria” está incluida en el artículo 47, un término que alude a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Tampoco podrán participar de los comicios “quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado”.
La autocracia sandinista ha venido reforzando en los últimos tiempos su persecución a los opositores. Recientemente, se supo que el ex jefe de Montoneros, Mario Firmenich, fue designado como asesor de Ortega. Si bien la incorporación no fue oficializada en La Gaceta (el diario oficial), el economista percibe casi 3.735 dólares mensuales por sus servicios de asesoría, según determinó una investigación realizada por Nicaragua Investiga y Connectas.
La llegada de Firmenich como asesor de la autocracia no parece ser nueva, sin embargo. Los medios oficialistas La Voz de Sandinismo y Radio Uraccan Siuna ya se habían referido al ex líder de Montoneros como un “asesor de la Presidencia para la Planificación” en septiembre de 2020.
Con la decisión del Parlamento conocida este miércoles, tampoco podrán participar de la elección “los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, la seguridad y la paz, que inciten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero, propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos”.
Esta nueva reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega, un ex guerrillero sandinista de 80 años que gobierna como autócrata desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor. Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.
La reforma parcial a la Constitución también establece que el período establecido para los cargos de elección popular será de siete años, lo cual aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y al jefe del Ejército y de la Policía nicaragüense.
