un día después de la huelga general por la vivienda, Sánchez logró aprobar uno de sus decretos con mejoras para inquilinos

Uno de los dos decretos sobre vivienda que el presidente Pedro Sánchez apuró para desinflamar los reclamos de los inquilinos en España y que desencadenaron el adelanto electoral que él mismo anunció para el 29 de noviembre obtuvo finalmente este jueves la convalidación parlamentaria indispensable para que sus medidas se concreten.

Fue la Diputación Permanente, la representación legislativa que se activa en los períodos preelectorales una vez que se disuelven las Cortes Generales, la que esta vez consiguió los votos favorables suficientes para lograr la suspensión de los desalojos y la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029.

Esta vez fue posible porque la Diputación Permanente es una representación reducida de los grupos parlamentarios con una aritmética propia que, sumando el voto de la presidente del Congreso, favoreció a la propuesta del gobierno.

La convalidación de las medidas llegan horas después de la primera huelga general que vivió España en 14 años y que tuvo su germen en las demandas de vivienda y salarios dignos para poder pagarla.

Eran dos los reales decretos que el gobierno había aprobado luego del desgarrador desalojo de Maricarmen Abascal, que se convirtió en símbolo de las penurias de los inquilinos.

Maricarmen era una vecina de 87 años y en silla de ruedas que fue echada del departamento que su familia alquiló durante siete décadas porque así se lo exigía el fondo de inversión inmobiliaria que lo había comprado. Maricarmen murió dos semanas después en un hospital.

En en decreto que este jueves finalmente fue aprobado, el gobierno de Sánchez proponía, además de la renovación de los contratos por dos años, beneficios fiscales para los propietarios que saquen al mercado del alquiler sus propiedades a precio asequible, limitar la compra de casas y departamentos por parte de fondos buitre hasta 2030 y suspender los desalojos de personas vulnerables si el propietario es una empresa dueña de varias propiedades.

El segundo real decreto ley, propuesto por Sumar -el socio minoritario en la coalición de gobierno progresista que lidera el PSOE-, postulaba la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, decreto que fue rechazo por el Parlamento ordinario, antes de que Sánchez lo disolviera, y por la Diputación Permanente que sesiona en las vísperas electorales cuando no hay Congreso.

La convalidación del real decreto ley que el gobierno había aprobado llegó horas después de la huelga general motivada por la crisis de la vivienda.

Y un día antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones anticipadas que Sánchez convocó después de que el Parlamento le bochara los decretos de vivienda en octubre.

Con las calles tomadas por la protesta social de los inquilinos que desembocó en la huelga general del miércoles 11 y hasta una acampada en la Puerta del Sol que duró un mes y se replicó en varias ciudades española, Sánchez vio un hueco favorable para el adelanto electoral que la oposición llevaba tiempo reclamándole.

Cargaba con la mochila de las investigaciones judiciales y los casos de corrupción en el PSOE, la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y las dudas sobre la seguridad ferroviaria, a pesar de que aún no se había producido el último choque de trenes de Toledo.

Y creyó ver una luz a su favor en la negativa de la derecha a aprobar los decretos que aliviaban la angustia de los inquilinos.

El Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya -la fuerza independentista conservadora del ex presidente catalán Carles Puigdemont– votaron en contra de los decretos, en octubre y este jueves, en la Diputación Permanente.

“De nuevo, el Partido Popular y Vox votarán en contra de este real decreto, votarán en contra del derecho a la vivienda, pero ayer (por la huelga del miércoles) el derecho a la vivienda ganó en la calle y en los centros de trabajo y yo espero que en las próximas elecciones también en las urnas gane”, dijo durante el debate la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

“El sistema le falló a Maricarmen, pero estamos a tiempo de atender a otras personas que nos demandan soluciones y acuerdos a los que da respuesta esta norma -dijo la ministra-. Esta norma prohíbe los desahucios a personas vulnerables e incorpora compensaciones públicas para que los pequeños propietarios no deban asumir el coste de que nadie se quede en la calle. Han de ser las administraciones públicas.”

“Un informe del Ministerio de Consumo cifra el ahorro medio para un inquilino al que le afecte la prórroga de los contratos de alquiler que se vota hoy en esta diputación permanente a lo largo de los próximos años: 4.341 euros”, dijo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ahora integra Frente Amplio, la plataforma de izquierda a la izquierda del PSOE que debutará en estas elecciones.

“Votar que no hoy a la prórroga de los contratos de alquiler es decirle a cinco millones de personas que esos 4.341 euros que se iban a ahorrar gracias a esta medida tienen que ir es al bolsillo de las empresas inmobiliarias que les están desangrando la vida”, agregó Bustinduy, que defendía la renovación indefinida de los contratos.

“Es un fraude a la democracia”, dijo el diputado del PP Sergio Sayas.

“El gobierno ha colado por la puerta de atrás y de espaldas a la voluntad de los españoles decretos que este Congreso ya rechazó. Aprobar un decreto en contra de los españoles es un acto de totalitarismo y de absolutismo gubernamental”, se quejó Sayas.

Vox pidió que se anulara la votación.

“Los dos decretos que nos ha traído el gobierno son materialmente idénticos a los que se rechazaron el pasado día 2 de octubre, y la Diputación Permanente no se puede convertir en un organismo para conseguir, por una vía rápida y fraudulenta desde el punto de vista constitucional, lo que se rechazó por el pleno el pasado día 2”, dijo Pepa Millán, vocera parlamentaria de Vox.